Colectivos realizan una marcha este domingo contra el polígono eólico El Escudo tras la suspensión de sus autorizaciones

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, junto a la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macroeólicas Sur de Cantabria, realizan este domingo 19 de abril una nueva marcha hacia la Braña de San Martín (Molledo), en respuesta a la situación administrativa del polígono eólico El Escudo, cuyas autorizaciones se encuentran actualmente sin ejecutividad.

La salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde la estación de Renfe de Bárcena de Pie de Concha, y, bajo el lema `No al sacrificio de Iguña y Campoo-Los Valles`, recorrerá parte de las áreas afectadas por el polígono eólico El Escudo, consideradas por los colectivos como "zonas de sacrificio", para señalar el "impacto" del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) en el ámbito eólico y para celebrar la paralización de las obras.

La convocatoria se produce tras la paralización de las obras a finales de marzo, después de la intervención de la Guardia Civil y en un contexto de recursos impulsados por colectivos vecinales y ecologistas contra el polígono eólico promovido por Biocantaber y Iberdrola.

Según un documento emitido el pasado 9 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las autorizaciones del polígono eólico El Escudo han quedado afectadas en su ejecutividad en el marco de dichos recursos, lo que incide sobre el conjunto de permisos administrativos del proyecto, incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).

El polígono eólico El Escudo comenzó a ejecutarse en el verano de 2024 en un contexto de oposición y denuncias por parte de habitantes de las zonas afectadas y distintos colectivos.

Pese a las advertencias, los colectivos señalan que el proyecto continuó su ejecución en un escenario en el que varias autorizaciones se encontraban recurridas y con procedimientos judiciales aún pendientes, sin atender, a su juicio, al "severo impacto medioambiental" generado en la Sierra del Escudo, un entorno integrado en la Red Natura 2000, considerado de incalculable valor ecológico e hidrológico y uno de los parajes naturales más emblemáticos de Cantabria.

A raíz de la paralización de las obras, califican la situación como una "victoria agridulce" y exigen que "sean Iberdrola y Biocantaber quienes asuman la responsabilidad de la restauración de los daños ambientales ocasionados".

Señalan que la tramitación del proyecto ha estado marcada por "irregularidades e ilegalidades". En este sentido, consideran que la "crónica de un ecocidio anunciado en la Sierra del Escudo" se ha ido "blanqueando o justificando" a través de distintos mecanismos administrativos, como la modificación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en 2023.

Según explican, ya entonces advirtieron de los riesgos de una reforma que, a su juicio, "apartaba a los colegios profesionales de este órgano, sustituyendo los informes técnicos independientes por decisiones de carácter más político".

PROT

La propuesta del PROT llega en 2026 "en línea con la planificación del Gobierno regional y las empresas vinculadas al proyecto" y, a su juicio, evidencia una línea de ordenación territorial en la que comarcas como Campoo-Los Valles o áreas de Soba concentran estos desarrollos, convirtiéndose en "zonas a expoliar", con afecciones a espacios de alto valor ecológico como el entorno de Alsa en Aguayo-Bárcena o el Monte Canales.

En este sentido, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian que el nuevo PROT "supone un arma de doble filo y dibuja el futuro de una Cantabria ahogada en su zona norte, central y oriental por la presión turística y un sur expoliado para convertirse en una macro planta de polígonos industriales eólicos".

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macro-eólicas Sur de Cantabria consideran que la redacción del PROT y su proceso de aprobación reflejan un modelo de planificación territorial que, según denuncian, "anula la capacidad de decisión de los territorios y favorece una distribución desigual de los impactos".

Todo ello, según los colectivos, en favor de un modelo de gobernanza cada vez más centralizado, "que dibuja una Cantabria fragmentada en función de intereses económicos de grandes empresas" y deja, en sus palabras, "un mundo rural reducido al escaparatismo": paisaje en unas zonas y "ecocidios" en otras.